Cuando los valores se ausentan de la vida pública de inmediato aparecen conductas contrarias a la ética basadas en antivalores las cuales han cobrado importancia en la vida política y en la gestión pública. Actualmente, se encuentran en expansión dando pie a una conducta basada en un pensamiento utilitarista. Actitudes como el individualismo, la competencia o la acumulación de bienes materiales llevados al extremo, contribuyen a la fragmentación y al desequilibrio del trabajo en conjunto debido a que aquéllos individuos impulsados bajo estos principios se encuentran en disposición de hacer cualquier cosa, sin importar respetar la legalidad o al afectación a terceras personas con tal de conseguir sus propósitos.

Este artículo es de Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y se publicó en El País el 27 de marzo de 2009. Se presenta el texto íntegro. La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?En EE UU el alcalde no puede colocar a mucha gente. El Ayuntamiento lo gestionan profesionalesEn muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganadorUna primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?

En esta ocasión incluimos un poema que hace alusión al estilo de vida de algunos representantes públicos que gozan de cargos de representación, es decir, los legisladores. 

Aristóteles escribió que en general hay dos tipos de hombres: a) aquéllos que viven dormidos, y les encanta vivir en ese estado, y b) aquellos que viven despiertos como resultado de la razón y la conciencia. El despertar se refiera al salir de la ignorancia al tener una vida libre y responsable. Por su parte el filósofo Platón retrata esta situación en La República mediante la Alegoría de la caverna. Hay que salir de la caverna para ver la luz, hay que dejar de dormir y despertar. Tanto Platón como Aristóteles coinciden en señalar que es responsabilidad de aquellos que han logrado despertar ayudar a los que aun viven dormidos, es decir, auxiliar a salir de la caverna.

 

Veamos lo que dice el poema:

 Déjame dormir, mamá

Hijo mío, por favor,
de tu blando lecho salta.
Déjame dormir, mamá,
que no hace ninguna falta.

Hijo mío, por favor,
levántate y desayuna.
Déjame dormir, mamá,
que no hace falta ninguna.

Hijo mío, por favor,
que traigo el café con leche.
Mamá, deja que en las sábanas
un rato más aproveche.

Hijo mío, por favor,
que España entera se afana.
¡Que no! ¡Que no me levanto
porque no me da la gana!

Hijo mío, por favor,
que el sol está ya en lo alto.
Déjame dormir, mamá,
no pasa nada si falto.

Hijo mío, por favor,
que es la hora del almuerzo.
Déjame, que levantarme
me supone mucho esfuerzo.

Hijo mío, por favor,
van a llamarte haragán.
Déjame, mamá, que nunca
me ha importado el qué dirán.

Hijo mío, por favor,
¿y si tu jefe se enfada?
Que no, mamá, déjame,
que no me va pasar nada.

Hijo mío, por favor,
que ya has dormido en exceso.
Déjame, mamá, que soy
diputado del Congreso
y si falto a las sesiones
ni se advierte ni se nota.
Solamente necesito
acudir cuando se vota,
que los diputados somos
ovejitas de un rebaño
para votar lo que digan
y dormir en el escaño.
En serio, mamita mía,
yo no sé por qué te inquietas
si por ser culiparlante
cobro mi sueldo y mis dietas.
Lo único que preciso,
de verdad, mamá, no insistas,
es conseguir otra vez
que me pongan en las listas.
Hacer la pelota al líder,
ser sumiso, ser amable
Y aplaudirle, por supuesto,
cuando en la tribuna hable.
Y es que ser parlamentario
fatiga mucho y amuerma.
Por eso estoy tan molido.
¡Déjame, mamá, que duerma!

Bueno, te dejo, hijo mío.
Perdóname, lo lamento.
¡Yo no sabía el estrés
que produce el Parlamento! El poema fue escrito en 1700 por Fray Junípero (1713 - 1784) Religioso franciscano español. El poema además de invitar a la reflexión, me hace recordar aquella frase de Seneca que dice: La corrupción es un problema de los hombres no de los tiempos.

 Sólo a través del saber, del conocimiento profundo mediante una adecuada educación, y el estudio de la ética de manera constante y paciente es como se llega a combatir la codicia, la avaricia y el anhelo de poder, deseos que rodean al poder y que han seducido al hombre, lo mismo en Oriente que en Occidente, en los últimos cinco mil años.Sólo cuando el futuro gobernante alcanza el equilibrio y dominio de sí mismo, está en capacidad de gobernar. Quien participa en la vida de la comunidad debe actuar necesariamente en favor de su comunidad. Las actividades del político conforme a los valores de servicio público determinan la felicidad del Estado.

La teoría política señala que “Hay tres cualidades que deben poseer los que han de desempeñar las supremas magistraturas: la primera es la lealtad a la Constitución establecida; la segunda, capacidad para las responsabilidades del cargo, la tercera, poseer virtud y justicia.” La Lealtad se refiere a estar comprometido con el Estado al que se pertenece, con la comunidad política. La Capacidad habla de poseer los elementos idóneos para el cargo y gobernar dando resolución a las demandas ciudadanas. El tercer elemento, no menos importante, se refiere a la Posesión de virtudes éticas para saber gobernar.  De las tres, tal vez la tercera es la más difícil de alcanzar. Cuando un gobernante se prepara con ética y sabiduría, logrando ecuanimidad y prudencia, alcanza lo que los antiguos denominaban “el principio recto” y por medio de éste sabrá discernir lo que es conveniente o nocivo en la acción de gobierno.

Platón, en La República, también destaca la importancia de la formación de los gobernantes, al respecto señaló: “Adelante, pues, y como si estuviéramos contando mitos, mientras tengamos tiempo para ello, eduquemos en teoría a nuestros hombres”  En otro momento también escribió: “No debemos permitir que los varones que educamos sean sobornables o apegados a las riquezas.”

Cicerón decía que “aquellos a quienes la naturaleza concedió aptitudes y medios para gobernar... a estos hombres de Estado le son tan necesarios, y posiblemente más que a los filósofos, la fortaleza y el desprecio de los bienes exteriores así como la tranquilidad de espíritu y un ánimo sereno y no agitado de preocupaciones, puesto que no han de estar ansioso por el futuro y han de vivir con gravedad y firmeza”.

Max Weber (1984, 178) al referirse a las características de quien aspira a la vida pública escribió: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para las que se requiere, al mismo tiempo, fervor y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se encuentra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto es capaz de responder con un ; solo un hombre de esta forma construido tiene “vocación” para la política.”Algunos ejemplos que ilustran la importancia de la ética en la formación de los gobernantes en distintas culturas y momentos históricos, son los siguientes:El origen del candidato. En la cultura romana, aquellos individuos que deseaban aspirar a ocupar cargos públicos se preocupaban desde temprana edad por emprender acciones nobles que les dieran reputación, prestigio u honor a fin de gozar de la credibilidad y confianza de la gente con la que vivían. Estos individuos, en el momento de promoverse para un cargo de elección, se vestían de blanco, pues este color simbolizaba pureza, palabra que a la vez se traduce en “candidez”, por lo que aquél que aspiraba a un cargo público debía ser el más puro, el más limpio, el más cándido. Ésta denominación dio origen al término “candidato” en política.La elección de los gobernantes. Antes de la conquista de México, en las culturas pre-hispánicas para elegir al gobernante, primero se congregaba un número de jueces formado por hombres sabios, ancianos, notables, quienes debido a su edad poseían la prudencia y experiencia necesaria para saber elegir al candidato idóneo que supiera guiar a su pueblo. Este consejo de ancianos deliberaba y concertaba antes de elegir. Para tal elección se tomaban en cuenta las siguientes calidades: el elegido debería ser virtuoso, respetado, debería de tener nobleza, no debería amar en exceso la vida, no debería dejarse adular, corromper ni sobornar, debería ser restaurador e impulsor de las tradiciones de su pueblo, con pleno uso de sus facultades, prudente, valiente, de buena y recta educación, de buen hablar, de buen oír, que supiera estimar a la gente y que poseyera sensibilidad. Para el elegido existían ceremonias destinadas a recordarle los deberes hacia su pueblo: “Se conducía al nuevo dignatario (futuro rey) a una parte del templo, donde permanecía.  Se sentaba de día en el desnudo suelo, y sólo por la tarde se le daba una estera para reclinarse; por la noche iba al sagrario a horas fijas para quemar incienso, y los cuatro primeros días no dormía más que algunas horas.  Cerca de él había guardias que cuando se adormecía le punzaban las piernas y los brazos con espinas de maguey, dirigiéndole estas palabras: . De esta manera, quien resultaba elegido era un hombre de cualidades muy grandes por lo que era querido, admirado y respetado por su pueblo. Precisamente, como era considerado el mejor, se subordinaban a su mandato y le mostraban lealtad.”El valor de la virtud en los gobernantes. En la antigua China (siglo V a. c.) el sabio Confucio se dedicó a transmitir la importancia de la virtud en los gobernantes a través de enseñanzas como la siguiente: “En cierta ocasión un discípulo hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer para enseñar a los hombres que cuando uno adquiere la virtud, se adquiere el verdadero poder personal?  El maestro, tomando  su bastón y dibujando círculos dentro de otros círculos en la arena, dio la siguiente lección: . Al terminar, el maestro se levantó y se fue a su trabajo. El estudiante, asombrado por la enseñanza, cerró los ojos y se quedó meditando en las palabras de Confucio.” Estos ejemplos muestran que en las culturas antiguas, aún en épocas y lugares diferentes no había ninguna duda respecto a la importancia y vinculación de la ética y la política. Tenían claro que quien ejerciera la política debía contar forzosamente con una formación acompañada de valores para poder tener un gran sentido de justicia.

Platón escribió que los filósofos deberían reinar en los Estados, pero al ser consciente de que eso no podría ser, porque aquellos que aman el conocimiento se entregan a él de forma completa sin anhelar el poder, exhortaba a los gobernantes a buscar la sabiduría de forma profunda y verdadera. Advertía que de no coincidir ambos elementos, el poder político y la búsqueda de la sabiduría, en una misma persona: “No habrá fin de los males para los Estados, ni tampoco para el género humano.”

La construcción de un dique para contener las prácticas corruptas. 

En el ámbito público existen numerosas oportunidades y espacios donde ni siquiera el más estricto conjunto de controles, normas y sanciones institucionales puede garantizar que los servidores públicos actúen de forma éticamente correcta y eviten un acto de corrupción si es esto lo que realmente desean. La sola implementación de controles externos al individuo, las novedosas y sofisticadas medidas anticorrupción, no disminuyen las acciones corruptas, de hecho, el incremento de ésta es mayor.

Los actuales instrumentos de control no bastan para detener la corrupción ya que dejan de lado lo esencial, todo lo que se refiere a la esfera interna del individuo, a su educación, a sus valores, a su percepción y convicciones. Es hacía la concienciación sobre cada acto que realiza el servidor público a donde hay que dirigirse para hacer factible el propio control del servidor público, el autocontrol. Y esto sólo puede ser viable si verdaderamente se interiorizan valores. Y éstos los da la ética.

Para contener el mar de corrupción nada como establecer un dique integrado por un conjunto de instrumentos que permitan poner en práctica un Marco Ético Institucional que llegue a políticos, funcionarios, legisladores y todos aquellos que se desempeñen dentro de las instituciones públicas, que se componga de los siguientes elementos:. Primer elemento. Reconocimiento de la importancia y necesidad de la disciplina ética. Deliberación, concienciación y voluntad política.                       

Paso previo e imprescindible para la implantación de cualquier modelo ético es argumentar sobre la importancia y la necesidad de la ética en la función de gobierno, en virtud de los efectos positivos que conlleva. La idea de fomentar la ética en los servidores públicos persigue, sencillamente, recordar (por sí a alguien se le había olvidado), enseñar, (por si alguien desconocía)[1], y reafirmar (por si no se comprendió bien) la responsabilidad de realizar de la mejor manera las tareas encomendadas para resolver los problemas de la comunidad.

Toda iniciativa para fomentar la ética en el ámbito público fracasará a menos que sea respaldada por un compromiso político verdadero. No bastan buenas intenciones o declaraciones optimistas. Tomar en serio a la ética es comprometer fuerte y responsablemente en los principales niveles de decisión. La auténtica voluntad política en esta materia se manifiesta en aspectos concretos como los siguientes: a) Inclusión dentro del programa de gobierno, b) Asignación de recursos para llevar a cabo esta tarea, c) Incorporación dentro del marco jurídico, d) Creación de un organismo para su fomento, aplicación, control y evaluación.

 Segundo elemento. Asignación de responsables, integración de un Consejo Ético  

Para fortalecer verdaderamente la ética en gobernantes y gobernados es necesario encargar a un pequeño grupo de individuos esta tarea.

Los elegidos integrarán un “Consejo o Comité Ético”, compuesto por personas de probada integridad, con conocimiento y práctica de la disciplina ética. De la misma manera que en los consejos de expertos en materias científicas, quienes integren el Consejo Ético para asuntos de Política y Gestión Pública, y no pertenecer a un partido político a fin de no dar al Consejo una inclinación ideológica o  partidista.

El Consejo Ético tiene la responsabilidad de fomentar y vigilar la aplicación de la ética. Identifica los valores deseables para el servidor público y según sea el caso, los revitaliza, si ya existen, o los crea y fomenta en el cuerpo del Estado cuando se carece de ellos. En la identificación de valores es importante tener claridad sobre el tipo y características de servidor público que necesita el país a fin de que pueda responder a las circunstancias que se le presentan. Hay que lograr que esos “valores deseables” se incorporen en la filosofía de las instituciones, y se reiteren de manera constante hasta formar parte de la cultura institucional. Esta propuesta no es nueva, ejemplos de Consejos o Comités de Ética para asuntos de Gobierno existen en los países escandinavos, los cuales son considerados como los más honestos del mundo.

 Tercer elemento. Preparación de los instrumentos de trabajo 

El concepto de Buen Gobierno requiere pilares firmes que lo sostengan, es decir, contar con una infraestructura, unas instituciones, una base legal. Sin ello la misión no se puede llevar a cabo. Algunos de los instrumentos básicos son los siguientes:

 ·         Un marco jurídico ético 

Condición fundamental para fomentar la ética es la existencia de un marco legal que la haga viable. Con un marco jurídico el Estado se obliga y obliga a la promoción de valores. Sin el respaldo jurídico cualquier acción a emprender carece de fundamento, por lo tanto es importante rescatar, cuando ya existen, y crear cuando no, los fundamentos éticos, en primer lugar en la Constitución del país, y seguidamente llevar a cabo la creación de una Ley de ética de Gobierno o incluso, siendo más ambiciosos, una Ley de Ética Estatal, que abarque también a las instituciones de los sectores privado y social.

 

• Un marco normativo de conducta: los códigos de ética.

 En los Códigos de Ética se plasman los valores deseables para una institución cuando los códigos carecen de una estrategia de comunicación, cuando los principios y valores sólo se quedan en el escritorio y no se trasladan al corazón de los políticos y funcionarios públicos se convierten en letra muerta.

Un Código de Ética posee dos características que le son inherentes: por un lado, es un documento normativo, y por otro, es educativo, en tanto que presenta un conjunto de valores para que las personas las asimilen. Si bien un código puede ser considerado un instrumento de Derecho no es el Derecho. Un código ético va más allá de la sola norma, supone implicarse en la vida de la persona, en sus actitudes, creencias y en las costumbres que dan origen a su conducta.

 

• El profesional en ética pública

 

Si bien la disciplina ética es un área de conocimiento que tuvo su origen y su desarrollo durante una gran parte de la época clásica, desafortunadamente no logró su autonomía y su atracción como otras disciplinas que actualmente cuentan con profesionales especialistas en su área. Hoy en día, a inicios del siglo XXI, y después de más de dos mil años desde la aparición de los primeros textos sobre ética, esta disciplina es impartida por teólogos, juristas, psicólogos o historiadores. Para poner verdaderamente en práctica un proyecto que fomente la ética, es necesario contar con operadores éticos, profesionales en ética, cuyo trabajo sea inducir, orientar, educar, aconsejar, desarrollar los valores del espíritu humano para su práctica dentro de la vida pública.

Cuando se elabora un programa de salud en el ámbito público, los operadores son médicos, si es concretamente un programa de salud dental son dentistas y así sucesivamente para cada propósito. Pero, en un programa  de fomento de ética ¿Quién será el operador si no existe el profesional ético? La ausencia de este profesional genera un problema en la formación para el fomento de valores.

 

• Apoyos didáctico: Literatura para acceder a la ética

 

Pese a existir una gran cantidad de obras sobre ética en general, una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas contemporáneas demuestra que no es sino hasta la última década cuando comienzan a surgir trabajos especializados sobre Ética Pública. Por esta razón es importante acudir a los pioneros que escribieron acerca de esta disciplina: los clásicos. Éstos, además de deleitarnos, nos permiten comprender con claridad, a la vez que con mayor profundidad, la ética y su relación con los asuntos públicos. La honestidad, la prudencia, la libertad, la justicia, el bien común o la rendición de cuentas son conceptos definidos claramente por ellos.

En nuestros días también existen diversos autores que investigan y escriben sobre ética. Algunos de ellos son: Alasdair MacIntyre, Hans Kung, Amartya Sen, Zygmunt Bauman y Gerald Caiden. Entre los españoles se encuentran Victoria Camps, Adela Cortina o Manuel Villoria, Agustín Izquierdo, J. Rodríguez Arana.

Un análisis de los valores éticos transmitidos desde la antigüedad confirma que aunque algunos de sus conceptos no se entienden hoy de la misma manera que hace dos mil años y su denominación ha variado (de llamarles virtudes y vicios se ha pasado a valores y antivalores), en el fondo su esencia no se ha modificado dado que la naturaleza humana continua siendo la misma. Hoy, como antaño, continúan existiendo actitudes de ambición, de avaricia, rencor, prudencia, generosidad, comportamientos inherentes al ser humano.

Sin una lectura paciente y constante del tema, será difícil lograr la comprensión y asimilación de los valores, mucho menos su interiorización y ejecución.

 Cuarto elemento. Un lugar de operación  

Para realizar las acciones es necesaria la creación de una Oficina o Departamento, un lugar de reunión donde se delibere y se diseñen los Planes y Programas de Trabajo Ético así como las líneas a seguir en la realización de los objetivos y metas.

Algunos gobiernos cuentan con una Oficina Ética de Gobierno dependiente del Poder Ejecutivo, otros tienen una Comisión de Ética en el parlamento.

 Rentabilidad del fomento de valores en el servicio público 

Construir el edificio ético implica un proceso que lleva tiempo para que asiente y madure, requiere apoyos, autorizaciones, expertos en el tema. Se necesita inversión económica, tiempo, esfuerzo humano, material técnico y didáctico, herramientas de trabajo. La ética cuesta. Los países que decidan asumirla como política de Estado no podrán ignorar que sus resultados serán siempre a largo plazo.

La ética aplicada a los servidores públicos contribuye a forjar una cultura por el servicio que eleva la responsabilidad y eficiencia en el desempeño de los cargos. Un gobierno fuerte, en términos económicos, puede lograr desarrollo y bienestar material, pero si lo es en términos éticos podrá alcanzar no sólo los deberes básicos para una comunidad -empleo, educación, justicia, seguridad, alimentación, vivienda- sino los más altos deberes como: la libertad, la satisfacción, la equidad, la felicidad, la dignidad. Cuando los valores son llevados y aplicados a la vida pública permiten tener gobiernos justos y viceversa. La ausencia de principios éticos es lo que ha llevado a tener gobiernos injustos.

Si los gobiernos y administraciones públicas son el instrumento del que se vale la política para contribuir al logro de la pluralidad de intereses mediante el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad, los servidores públicos que participan en este proceso deben estar motivados y concienciados. Una baja moral y una baja motivación en los individuos fomenta la irresponsabilidad, situación que a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones.

Para gobernar, pero gobernar bien, es necesaria la máxima capacidad, lealtad y excelencia de quienes ocupan los cargos en el Estado. Personas que comprendan que el deber está por encima del poder.

Con la colaboración de los diversas medidas e instrumentos señalados es posible hacer frente a la pandemia de la corrupción y diversos antivalores que infectan la vida pública, lo que nos lleva a la conclusión de que detener la corrupción es POSIBLE, que no es una entelequia sino algo realizable. Así pues, la institucionalización de la ética mediante una política de Estado además de ser POSIBLE es RENTABLE.   

Una vez más nos desayunamos con las noticias de tramas de corrupción que afectan a diferentes niveles de la gestión pública en España. Por un lado, tenemos la corrupción municipal, ligada a la explosión inmobiliaria, que ha llevado a la cárcel tras ser imputados por los delitos de cohecho, blanqueo de dinero, falsedad documental y prevaricación urbanística al alcalde socialista de Alcaucín (Málaga) y al Jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, quedando el aparejador municipal y el asesor jurídico del municipio en libertad con cargos. Por otro lado, varios diputados regionales de Madrid y Valencia, los alcaldes de Arganda y Pozuelo y otros cargos y excargos municipales y autonómicos se han visto imputados en una trama de comisiones irregulares, sobornos y adjudicación fraudulenta de contratos (aparte de la sospecha de financiación irregular del Partido Popular). Sin entrar en los detalles de ambos casos, de nuevo se percibe un asunción casi comprensiva por parte de la ciudadanía de todas estas trapacerías alumbradas al cobijo de la función pública (política y administrativa). Incluso en Alcaucín se ha aclamado al alcalde ahora detenido y, en general, este tipo de comportamientos son poco censurados y hasta tolerados, confundiéndolos con una falsa prosperidad económica. Y en este punto llegamos al nivel macro, porque basta mirar a ese espejismo global de la economía financiera y la desregulación de los mercados, que se ha roto en mil pedazos y que nos ha conducido a una crisis económica de enormes proporciones. Aquí también se ha producido una tolerancia cuando no complicidad de los estados y gobiernos que, como recordaba José Vidal-Beneyto (“El arma del crimen”, EL PAÍS 31-12-2009), han contribuido a la arquitectura financiera (paraísos fiscales, hedge funds, opacidad de las transacciones, libertad de circulación de capitales, etc.) cuya protección jurídica venía otorgada precisamente por los estados que, a la vez, contribuían a inflar la burbuja con la incitación al crédito mediante el reducido coste del dinero impulsado por los bancos centrales. Decía Vidal-Beneyto en el artículo mencionado: “… hoy, la generalización y persistencia de las prácticas corruptas no sólo ha trivializado su uso, sino que lo han connaturalizado, inscribiéndolo, con todos los honores, en el patrimonio de los comportamientos legítimos y necesarios de nuestra contemporaneidad. Esto es lo que explica lo más perturbador del universo actual de la corrupción: su celebración no sólo por sus protagonistas y beneficiarios, sino también por quienes la sufren, por su víctimas”.
Y no podemos olvidar que la corrupción es incompatible con la democracia, siendo una de las manifestaciones más deletéreas del desgobierno de lo público, como ha repetido en su agudos ensayos Alejandro Nieto, ya que se extiende por todos los tejidos estatales hasta desvirtuar la última de sus instituciones (Alejandro Nieto, El desgobierno de lo público, Barcelona, Ariel, 2008, p.178 ).

 

Sólo a través del saber, del conocimiento profundo mediante una adecuada educación, y el estudio de la ética de manera constante y paciente es como se llega a combatir la codicia, la avaricia y el anhelo de poder, deseos que rodean al poder y que han seducido al hombre, lo mismo en Oriente que en Occidente, en los últimos cinco mil años.

En tanto no exista un esquema que garantice que los aspirantes a cargos públicos de elección (políticos) posean verdadera integridad y respondan al interés general, la responsabilidad de garantizar la marcha del Estado descansa en los funcionarios al ser éstos los encargados directos de la operación de las instituciones. Sin la vigilancia que ellos realizan el riesgo de corrupción y de una incompetencia generalizada sería evidente.
El buen funcionario se guía, por un lado, por principios acordes a la naturaleza del Estado a que pertenece plasmados en un marco jurídico (Constitución, Estatuto), y por otro, por un marco normativo establecido en los Código Éticos. El buen funcionario público existe para garantizar los fines del Estado y no los intereses individuales o de grupos partidistas. Se convierte así en un dique, no sólo al político cuando pretende desviar los cauces formales, sino a todo aquel que fomente conductas basadas en antivalores.

La corrupción no se limita a los países subdesarrollados, sino que incluye, en gran magnitud, a los países desarrollados. Tampoco se reduce al ámbito gubernamental sino que comparte complicidad con el sector privado por lo que también involucra a las empresas de carácter nacional o multinacional. Ejemplo evidente es la crisis generada en septiembre con la quiebra de Lehman Brothers en los EEUU que a su vez ha generado un impacto en cascada en el sistema bancario y financiero internacional. Finalmente, aunque en menor magnitud ONG´s y Fundaciones también han sido tocadas por la corrupción.

La lucha contra la corrupción no sólo debe realizarse en lo macro mediante estrategias institucionales, externas al individuo. La pelea no es virtual, general y abstracta, sino real, precisa, y permanente abarcando todos los espacios públicos. Los convenios, declaraciones, amenazas, leyes sin aplicación son letra muerta. Aunado a los elementos de control externo al individuo debe sumarse el elemento ético, es decir, fortalecer el conjunto de valores para el servicio público, logrando que dichos valores se interioricen en políticos y funcionarios a fin de lograr al menos una “Ética de la responsabilidad”, como le denomino Max Weber.