Sobre estos temas el experto es David Rodríguez-Arias, pero como se me ha pedido una opinión sobre un asunto de interés general me atrevo a lanzar algunas notas para animar la discusión. El caso es que, a pesar de (o tal vez debido a) que la mayoría de las noticias sobre este tema se felicitan del éxito del modelo español, identificado con las altas cotas de donaciones, mucha gente se extraña cuando descubren que este modelo no es un modelo de consentimiento informado previo, sino uno de “consentimiento presunto”, un modelo que siempre despierta recelos en la literatura sobre bioética.

A finales del siglo XVIII, el marqués de Condorcet, el último ilustrado, culminó su presentación histórica de los progresos del espíritu humano con una reflexión sobre sus progresos futuros. Condorcet cifraba estos progresos futuros en la lucha contra diversas formas de desigualdad: la desigualdad entre las naciones, las desigualdades económicas en el seno de una sociedad, las desigualdades en el acceso al crédito y la desigualdad de instrucción.

En el ámbito público existen numerosas oportunidades y espacios donde ni siquiera el más estricto conjunto de controles, normas y sanciones institucionales puede garantizar que los servidores públicos actúen de forma éticamente correcta y eviten un acto de corrupción si es esto lo que realmente desean. La sola implementación de controles externos al individuo, las novedosas y sofisticadas medidas anticorrupción, no disminuyen las acciones corruptas, de hecho, el incremento de ésta es mayor.

Los actuales instrumentos de control no bastan para detener la corrupción ya que dejan de lado lo esencial, todo lo que se refiere a la esfera interna del individuo, a su educación, a sus valores, a su percepción y convicciones. Es hacía la concienciación sobre cada acto que realiza el servidor público a donde hay que dirigirse para hacer factible el propio control del servidor público, el autocontrol. Y esto sólo puede ser viable si verdaderamente se interiorizan valores. Y éstos los da la ética.

Paso previo e imprescindible para la implantación de cualquier modelo ético es argumentar sobre la importancia y la necesidad de la ética en la función de gobierno, en virtud de los efectos positivos que conlleva. La idea de fomentar la ética en los servidores públicos persigue, sencillamente, recordar (por sí a alguien se le había olvidado), enseñar, (por si alguien desconocía)[1], y reafirmar (por si no se comprendió bien) la responsabilidad de realizar de la mejor manera las tareas encomendadas para resolver los problemas de la comunidad.

Toda iniciativa para fomentar la ética en el ámbito público fracasará a menos que sea respaldada por un compromiso político verdadero. No bastan buenas intenciones o declaraciones optimistas. Tomar en serio a la ética es comprometer fuerte y responsablemente en los principales niveles de decisión. La auténtica voluntad política en esta materia se manifiesta en aspectos concretos como los siguientes: a) Inclusión dentro del programa de gobierno, b) Asignación de recursos para llevar a cabo esta tarea, c) Incorporación dentro del marco jurídico, d) Creación de un organismo para su fomento, aplicación, control y evaluación.

Para fortalecer verdaderamente la ética en gobernantes y gobernados es necesario encargar a un pequeño grupo de individuos esta tarea.

Los elegidos integrarán un “Consejo o Comité Ético”, compuesto por personas de probada integridad, con conocimiento y práctica de la disciplina ética. De la misma manera que en los consejos de expertos en materias científicas, quienes integren el Consejo Ético para asuntos de Política y Gestión Pública, y no pertenecer a un partido político a fin de no dar al Consejo una inclinación ideológica o  partidista.

El Consejo Ético tiene la responsabilidad de fomentar y vigilar la aplicación de la ética. Identifica los valores deseables para el servidor público y según sea el caso, los revitaliza, si ya existen, o los crea y fomenta en el cuerpo del Estado cuando se carece de ellos. En la identificación de valores es importante tener claridad sobre el tipo y características de servidor público que necesita el país a fin de que pueda responder a las circunstancias que se le presentan. Hay que lograr que esos “valores deseables” se incorporen en la filosofía de las instituciones, y se reiteren de manera constante hasta formar parte de la cultura institucional. Esta propuesta no es nueva, ejemplos de Consejos o Comités de Ética para asuntos de Gobierno existen en los países escandinavos, los cuales son considerados como los más honestos del mundo.

El concepto de Buen Gobierno requiere pilares firmes que lo sostengan, es decir, contar con una infraestructura, unas instituciones, una base legal. Sin ello la misión no se puede llevar a cabo. Algunos de los instrumentos básicos son los siguientes:

Condición fundamental para fomentar la ética es la existencia de un marco legal que la haga viable. Con un marco jurídico el Estado se obliga y obliga a la promoción de valores. Sin el respaldo jurídico cualquier acción a emprender carece de fundamento, por lo tanto es importante rescatar, cuando ya existen, y crear cuando no, los fundamentos éticos, en primer lugar en la Constitución del país, y seguidamente llevar a cabo la creación de una Ley de ética de Gobierno o incluso, siendo más ambiciosos, una Ley de Ética Estatal, que abarque también a las instituciones de los sectores privado y social.

• Un marco normativo de conducta: los códigos de ética.

Un Código de Ética posee dos características que le son inherentes: por un lado, es un documento normativo, y por otro, es educativo, en tanto que presenta un conjunto de valores para que las personas las asimilen. Si bien un código puede ser considerado un instrumento de Derecho no es el Derecho. Un código ético va más allá de la sola norma, supone implicarse en la vida de la persona, en sus actitudes, creencias y en las costumbres que dan origen a su conducta.

• El profesional en ética pública

Si bien la disciplina ética es un área de conocimiento que tuvo su origen y su desarrollo durante una gran parte de la época clásica, desafortunadamente no logró su autonomía y su atracción como otras disciplinas que actualmente cuentan con profesionales especialistas en su área. Hoy en día, a inicios del siglo XXI, y después de más de dos mil años desde la aparición de los primeros textos sobre ética, esta disciplina es impartida por teólogos, juristas, psicólogos o historiadores. Para poner verdaderamente en práctica un proyecto que fomente la ética, es necesario contar con operadores éticos, profesionales en ética, cuyo trabajo sea inducir, orientar, educar, aconsejar, desarrollar los valores del espíritu humano para su práctica dentro de la vida pública.

Cuando se elabora un programa de salud en el ámbito público, los operadores son médicos, si es concretamente un programa de salud dental son dentistas y así sucesivamente para cada propósito. Pero, en un programa  de fomento de ética ¿Quién será el operador si no existe el profesional ético? La ausencia de este profesional genera un problema en la formación para el fomento de valores.

• Apoyos didáctico: Literatura para acceder a la ética

Pese a existir una gran cantidad de obras sobre ética en general, una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas contemporáneas demuestra que no es sino hasta la última década cuando comienzan a surgir trabajos especializados sobre Ética Pública. Por esta razón es importante acudir a los pioneros que escribieron acerca de esta disciplina: los clásicos. Éstos, además de deleitarnos, nos permiten comprender con claridad, a la vez que con mayor profundidad, la ética y su relación con los asuntos públicos. La honestidad, la prudencia, la libertad, la justicia, el bien común o la rendición de cuentas son conceptos definidos claramente por ellos.

En nuestros días también existen diversos autores que investigan y escriben sobre ética. Algunos de ellos son: Alasdair MacIntyre, Hans Kung, Amartya Sen, Zygmunt Bauman y Gerald Caiden. Entre los españoles se encuentran Victoria Camps, Adela Cortina o Manuel Villoria, Agustín Izquierdo, J. Rodríguez Arana.

Un análisis de los valores éticos transmitidos desde la antigüedad confirma que aunque algunos de sus conceptos no se entienden hoy de la misma manera que hace dos mil años y su denominación ha variado (de llamarles virtudes y vicios se ha pasado a valores y antivalores), en el fondo su esencia no se ha modificado dado que la naturaleza humana continua siendo la misma. Hoy, como antaño, continúan existiendo actitudes de ambición, de avaricia, rencor, prudencia, generosidad, comportamientos inherentes al ser humano.

Sin una lectura paciente y constante del tema, será difícil lograr la comprensión y asimilación de los valores, mucho menos su interiorización y ejecución.

Para realizar las acciones es necesaria la creación de una Oficina o Departamento, un lugar de reunión donde se delibere y se diseñen los Planes y Programas de Trabajo Ético así como las líneas a seguir en la realización de los objetivos y metas.

Algunos gobiernos cuentan con una Oficina Ética de Gobierno dependiente del Poder Ejecutivo, otros tienen una Comisión de Ética en el parlamento.

Construir el edificio ético implica un proceso que lleva tiempo para que asiente y madure, requiere apoyos, autorizaciones, expertos en el tema. Se necesita inversión económica, tiempo, esfuerzo humano, material técnico y didáctico, herramientas de trabajo. La ética cuesta. Los países que decidan asumirla como política de Estado no podrán ignorar que sus resultados serán siempre a largo plazo.

Si los gobiernos y administraciones públicas son el instrumento del que se vale la política para contribuir al logro de la pluralidad de intereses mediante el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad, los servidores públicos que participan en este proceso deben estar motivados y concienciados. Una baja moral y una baja motivación en los individuos fomenta la irresponsabilidad, situación que a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones.

Con la colaboración de los diversas medidas e instrumentos señalados es posible hacer frente a la pandemia de la corrupción y diversos antivalores que infectan la vida pública, lo que nos lleva a la conclusión de que detener la corrupción es POSIBLE, que no es una entelequia sino algo realizable. Así pues, la institucionalización de la ética mediante una política de Estado además de ser POSIBLE es RENTABLE.