El pasado miércoles día cuatro de noviembre, el periódico El País difundía una noticia controvertida: la condena impuesta por un tribunal a un médico de un hospital de Tarragona por inyectar una sustancia letal a una mujer de 82 años. Esta señora presentaba un cuadro de una gravedad extrema desde hacía tiempo, y los médicos consideraban que nada se podía hacer ya por curarla: tan solo quedaba la posibilidad de paliar su dolor hasta el momento de su fallecimiento. Pero la paciente empeoró repentinamente, y los dolores eran ya insoportables. En un acto de absoluta responsabilidad el médico suministró a la paciente un cóctail de calmantes y cloruro potasio, un veneno mortal. El doctor anotó en el informe las sustancias que le había suministrado. Informó a la familia de lo sucedido y ésta le agradeció su muestra de humanidad al acabar con el sufrimiento de aquella anciana. Poco después el hospital para el que trabajaba le expulsó y denunció a las autoridades lo que había sucedido. Fue procesado y declarado culpable, aunque al no haber denuncia expresa por parte de los familiares la pena fue de proporciones bajas. Si hubieran declarado en su contra habría sido juzgado por homicidio y habría cumplido diez años de prisión. Esta noticia es difícil de tratar, ya que todos los protagonistas cumplen con sus sanas y loables promesas: el médico ejerce bien su trabajo al eliminar un sufrimiento intratable, además de materializar los deseos de la paciente, según él lo relata, así como el de los familiares de ésta; el hospital cumple su papel al despedir a un empleado que ha violado una ley, y hace bien en denunciar dicha violación a las autoridades; y el juez, con la ley en la mano, no tiene más remedio que declararlo culpable, porque lo es a los ojos de la ley. Si el juez no lo hubiera declarado culpable, o si el hospital no lo hubiera denunciado, estaríamos hablando de un complot o de un precedente claro de insumisión a la ley vigente. Sin embargo, todos cumplieron con sus deberes de forma clara y transparente. Pero ahora tenemos a un profesional de la medicina en la cárcel por cumplir una voluntad de su paciente, un hospital huérfano de un buen profesional, y un juez con un probable cargo de conciencia por enviar a prisión a un hombre que no había causado ningún mal, sino más bien al revés. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos llama tanto la atención esta noticia? Yo creo que lo hace porque muestra claramente la confusión entre lo legal, lo legítimo y lo legitimado. En esta historia se mezclan estos conceptos, y es preciso esclarecer sus significados.En este país es ilegal la eutanasia activa, según reza el código de leyes de que disponemos en estos momentos. Está considerada como homicidio, y hay pena de cárcel para quien la ejerza. Sin embargo, en este caso esta práctica estaba legitimada, ya que contaba con la aprobación de quien iba a sufrir las consecuencias de dicha eutanasia, e incluso con la de sus allegados. Y, por último, queda ver si podemos calificar los actos acaecidos como actos legítimos, tanto por parte del médico, como también por parte del hospital y del juez. Entendemos legítimo como todo acto moralmente universalizable. Paliar el dolor es un acto legítimo entonces, y ayudar a alguien que muere lentamente y en agonía también parece un acto legítimo. Hasta ahora el médico cumple con los mandatos morales (no así con los legales). ¿Podríamos decir que expulsar a un miembro de un hospital por mala praxis es legítimo? Yo creo que sí. Pero, ¿dónde está aquí la mala praxis? El médico ha actuado contra le ley, pero conforme a principios morales universalizables, por lo que dudo que haya mala praxis en su proceder. Creo que el hospital debe legalmente denunciar a su médico, pero no puede escudarse en ningún aspecto de la legitimidad para despedirlo. Así pues, el hospital ha actuado conforme a la ley, pero contra los principios morales. Por último, el encargado de impartir justicia, el juez, ha decretado la culpabilidad del acusado. Lógicamente, ha cometido un delito (ha obrado contra el corpus de leyes vigentes). Sin embargo, la sentencia parece a todas luces ilegítima, pues condena a quien, como antes habíamos acordado, ha actuado legítimamente: el juez, con la ley en la mano, ha condenado un acto legítimo.Como podemos apreciar, la ley no es garante de legitimidad. Ni siquiera podemos decir que la ley preserve algunos principios morales básicos. Habida cuenta de este descompensamiento entre ley y moral, cabe preguntarse si no sería urgente revisar y transformar la ley para que la eutanasia activa fuera un práctica legal en algunos casos. La dificultad de la política reside en tratar con leyes generales casos particulares. Pero creo que hay casos en los que podemos (y debemos) hacer leyes menos generales para que se acerquen más a la realidad. Existe un gran número de pacientes cuya vida dista mucho de llamarse digna. Dado que en muchos casos no hay marcha atrás ni arreglo posible, le ley debería permitir lo que es legítimo y lo que, además, está legitimado por quienes sufren esa vida, por sus allegados, y por miles de personas que, como yo, creemos que es lo mejor desde un punto de vista moral: la eutanasia activa en los casos en los que el paciente ni siquiera tenga la capacidad de acabar con su propia agonía.