De la sociedad del riesgo al desmantelamiento del estado de bienestar

Jesús Javier Alemán Alonso

Resumen


El complejo proceso globalizador que vivimos actualmente se centra en el desarrollo de nuevas técnicas productivas, comerciales y económicas. Sin embargo, este proceso, evolucionista en lo tecnológico, ha propiciado, paradójicamente, una involución en otros aspectos también muy destacados de nuestra vida política, social y cultural, básicamente, en una desinformación de los procesos administrativos, en una falta de seguridad jurídica, y en una atomización de las voluntades individuales.
Ulrich Beck ha denominado a esto “la sociedad del riesgo global”. Una sociedad en la cual la irresponsabilidad organizada y las relaciones de poder de unos actores internacionales con gran peso político y empresarial administran de forma omnímoda grandes recursos económicos y financieros en beneficio propio. Podemos decir que “la sociedad del riesgo” ha impuesto sus propias normas de control y descontrol político, definiendo nuevas pautas de organización que dejan de estar en manos de la ciudadanía, o de la clase política, para ser administradas por estas fuerzas económicas.
En este nuevo escenario, el pasado ya no determina los acontecimientos presentes, sino que es el futuro, incierto y temible, quien termina finalmente por condicionar las acciones presentes. Una especie de previsión, o precaución, ante futuros desastres inminentes condicionan de forma inexorable nuestro propio devenir que, ahora, ya no depende de nosotros sino de quienes tienen el control económico y tecnológico. Un nuevo escenario precautorio que comienza por amenazarnos y termina por desmantelar los logros sociales conseguidos en los últimos decenios.
Las consecuencias de esta sociedad del riesgo se materializan en una destrucción sistemática de todos los valores públicos como la solidaridad, la confianza, o el bien común, y han sido sustituidos por la preeminencia de la economía sobre la política y la consideración del mercado como el único medio eficaz para la asignación de los recursos. Unos recursos, en muchos casos públicos, que se gestionan de forma totalmente privada, y cuyos beneficios se detraen de aquellos servicios que se han considerado tradicionalmente como bienes de interés público, como son: la educación, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales, las pensiones, e incluso la justicia.
Frente a ello, la solución más coherente, más audaz y también la más difícil, pasa por reasignar nuevos y controlados poderes a los Estados, readmitir la soberanía de los ciudadanos en las decisiones que más nos afectan, y por una redistribución de los bienes y recursos públicos con parámetros de ética y justicia social. Una tarea que no se limita a la simple elección política de nuestros representantes, sino en una implicación personal en todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social.

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